La entusiasta Ministra de Trabajo y Vicepresidenta Segunda del gobierno, Yolanda Díaz, sigue con su hoja de ruta y a sus sonadas subidas del salario mínimo interprofesional, SMI, añade ahora el acuerdo que ha alcanzado con las centrales sindicales para implementar la reducción de jornada laboral, que pasará de las actuales cuarenta horas, a las treinta y siete y media.
Pese a la notoria que es la noticia, algunas dudas aparecen en el horizonte.
- El acuerdo por ahora no incluye a la Patronal de empresas.
- La aplicación de la misma no tiene fecha de implementación.
El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que, como mínimo, habrá que esperar a 2026 para arrancar con la medida. Antes es necesario adaptar la norma para que sea lo suficientemente flexible y puedan aplicarla todas las empresas.
Parece sensato, no en todos los trabajos puede aplicarse del mismo modo. En casos como el mío, trabajo de oficina, la medida implicaría reducir mi jornada laboral en media hora, que a buen seguro aplicaría yo o al inicio o al final de la misma, a voluntad. Su seguimiento es, pues, fácil y asequible, pero en otros sectores no lo es tanto, por razones obvias que a todos se nos ocurren.
No hay legislación válida si no repercute de igual manera en todo el mundo desde el comienzo, para evitar la pesadumbre de los agravios comparativos. Con voluntad e interés esa aplicación puede acelerarse para hacerla efectiva incluso antes de lo que prevee el ministro.
Trabajar menos horas, con igual productividad e igual salario. Dudo que a nadie le parezca mal algo así. En cualquier caso las prisas nunca son buenas consejeras, aunque en política esa práctica no siempre es corriente, fruto de los intereses de algunos, más pendientes del impacto mediático de sus anuncios como tales, que de la efectividad real de sus decisiones.
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