Han pasado casi cuatro meses desde que una depresión aislada en niveles altos, (DANA), siempre conocida como gota fría, afectara severamente a varios puntos de la geografía peninsular española, llevándose la peor parte, algunos municipios de Albacete y el area metropolitana de la ciudad de Valencia.
Cuatro meses sin que nadie haya depurado responsabilidades políticas por las muchas deficiencias que se observaron en el protocolo de prevención y avisos por fuertes lluvias, mecanismo que de haber actuado de conformidad a lo que se le presupone, podría haber evitado muertes.
Las diligencias que una jueza está desarrollando en un juzgado de Catarroja, están devolviendo a la actualidad algunos de los momentos más dolorosos del episodio climático que ha segado la vida de 227 personas, algunas de las cuales aún siguen desaparecidas.
Será la instructora del caso la que determine, a la conclusión de sus pesquisas y cuando decrete cerrado el sumario, si hay responsabilidades penales por cubrir, por incomparencia, negligencia y falta de previsión en una situación que no es novedosa en la zona mediterránea del país. Protocolos de aviso y evacuación diseñados para que no se implementen, por desconocimiento de los mismos, por falta de rigor, por incomparecencia. Un horror que indigna.
Hay otra responsabilidad y esa no es otra que la moral. Aquellos que en aquellos días tenían poder de actuación y no lo hicieron o lo hicieron tarde y mal, deberían dar la cara y asumir las consecuencias de su lamentable gestión. Es una cuestión de decencia, antes incluso que de justicia o respeto a todos los afectados, damnificados y fallecidos. La renuncia voluntaria,antes de recibir cualquier tiempo de sentencia, es necesaria y urgente.
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