Es con mucho, el artículo de la Constitución Española más demandado, mencionado y desde luego, del que más se reniega. Textualmente dice:
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
El precio medio de una habitación en piso compartido en ciudades como Madrid, ronda los 450 euros y el de un piso entero de un dormitorio supera los 1,100.
Las hipotecas que apenas dan el 80% del importe total del valor del imueble, están restringidas a un sector de la población limitado, con poder adquisitivo medio-alto, los únicos que pueden llegar y afrontar el pago.
El Salario mínimo está estipulado en los 1,184 euros.
Todavía hay quien se sorprende que cada vez haya más movimientos sociales promoviendo leyes que controlen las políticas de precios y que aumente la bolsa de viviendas destinadas a la ocupación de personas con riesgo de exclusión social y a los jóvenes, los grandes damnificados de esta situación tan incomprensible como insostenible.
Sin políticas destinadas a mejorar la situación, la actual administración en todas sus vertientes está literalmente jugando con fuego, alimentando un creciente descontento con visos de estallar por su peor lado. Prioridad número uno que no se puede procrastinar más.
Que la furia y la frustación salga de internet y de las redes sociales es cuestión de tiempo. Puesto que todo vuelve, no tardarán en llenarse las calles de manifestaciones masivas de gente cabreada y, o que es peor, que se siente abandonada, el peor bagaje que cualquier político puede poseer, una clientela descontenta.
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