Una de cal y otra de arena. Si ayer comentábamos un aspecto de la nueva Ley de educación, que considerabamos positivo por normalizar una situación que es la real en la calle, la de no separar entre sexos en las aulas, hoy toca echar el freno y discrepar sobre otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros en la semana que termina.
Con su publicación en el B.O.E. del pasado jueves, entró en vigor la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
En la declaración de intenciones de la nueva norma, con la que se busca fundamentar el por qué de esta nueva regulación, se hace hincapié en la necesidad de velar por la información veraz, especialmente en estos momentos en que el mundo digital es el principal suministrador de información a través de internet y las redes sociales. Combatir pues la intoxicación por esta vía, ( las famosas fake news), es el objetivo primordial de esta norma, que considera que la cuestión es de tal importancia que debe involucrarse al Consejo de Seguridad Nacional.
Que la información es poder, no lo pone en duda nadie, no en balde se le ha denominado como el cuarto poder, como bien puso de manifiesto la película así traducida al español, (Deadline USA, en su versión original inglesa), donde Humprey Bogart interpreta el papel de un editor de periódico (Ed Hutcheson), a punto de cerrar, que decide publicar trapos sucios de un jefe mafioso, poniendo en entredicho los cimientos del poder político local.
Cuando un gobierno trata de poner freno a informaciones y busca tutelar lo que se dice y no se dice, escudándose en la importancia de que no se intoxique a la población con noticias que no son verdad, en el fondo está poniendo en evidencia un poso de debilidad, de temor a que se cuenten cosas que puedan hacer daño y limitar la credibilidad de sus gestores. Esa tutela, esa especie de mediación, tal y como se nos propone, como si se quiera poner un embudo que permitiera filtrar lo que es correcto y lo que no lo es, y, sobretodo, decirnos qué es lo que está bien y qué no, tiene un tufillo de sobrecontrol que no en vano ha puesto en estado de alarma a buena parte de las asociaciones de medios de comunicación.
Y debería ponernos a nosotros también en alerta.
Rotundamente sí, hay mucha intoxicación, y mucha puesta en escena de bulos y falsas noticias que aprovechan la amplia puerta casi imposible de regular que supone internet para poner todas ellas en circulación. Pero someternos a esta especie de tutelaje para ayudarnos a separar el grano de la paja, como si fuesemos todos tontos, o lo suficientemente cortos como para no saber distinguir qué es cierto, pone de manifiesto otro riesgo no menos importante que el anterior: el de filtrar noticias en una dirección para hacernos creer que esas son las que en realidad son verdad.
Mucho cuidado. Ningún gobierno que se precie renuncia a ejercer de gran hermano y a poner en circulación el peculiar universo de control que ideó Orwell en su libro 1984. Lejos de apostar por mayor educación y mayor formación para aprender entre otras cosas a leer entre líneas o ser capaz de entender el sesgo que puede haber detrás de algunas informaciones, o no creer otras que simplemente ni han ocurrido porque son metira, se apuesta para que ejerza de cortafuego, el filtrar qué cosas se cuentan, en aras de la seguridad nacional, nada menos.
Es una decepción, más si cabe porque quien apadrina la iniciativa es un gobierno de izquierdas.
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