Asalto a la embajada en Guatemala

Han transcurrido treinta y cinco años. Ese es el tiempo que han necesitado las autoridades judiciales guatemaltecas para cerrar el caso del asalto a la Embajada de España en Guatemala, acaecido un treinta y uno de enero del año en mil novecientos ochenta. El caso se ha dado por concluido con la condena en firme de Pedro García Arredondo, de 69 años, que en aquel entonces era el jefe del comando policíaco que entró a sangre y fuego a la Embajada de España encabezada por el recientemente fallecido Máximo Cajal y López, Jefe de la delegación diplomática.

 Es este un caso de muerte y de muertos. De muerte porque de una manera salvaje y atroz, un grupo de fuerzas de orden público entro sin respeto alguno a las leyes internacionales que brindan inmunidad  a cualquier sede diplomatica o consular en la delegación española con el objeto de masacrar vilmente a un puñado de campesinos de Quiché, entre los que se encontraba el padre de la hoy Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que  decidieron ocupar la sede diplomática, sin más propósito que encontrar una caja de resonancia para sus quejas. En la sede diplomática, un grupo de juristas notables, entre ellos, el exvicepresidente Eduardo Cáceres Lehnhoff, y el exministro de Exteriores, Adolfo Molina Orantes, se entrevistaban con el embajador Máximo Cajal y López.

 Es también un caso de muertos, porque salvo en condenado en esta especie de juicio póstumo y el que ocupaba entonces el cargo de ministro de la gobernación, declarado prófugo de la justicia, el resto están muertos, incluyendo en la lista al malogrado embajador, fallecido reciéntemente y que no ha podido ser testigo en el juicio que condena tan ignominiosos hechos.

 Nada más se supo que los campesinos se habían refugiado en el recinto, la policía recibió órdenes de proceder al desalojo de los invasores, acción que ejecutaron con una brutalidad y fiereza hirientes a  la sensibilidad del más curtido, desoyendo las peticiones de un embajador,  que a modo de un triste pelele, redujo su participación en los hechos a suplicar que no intervinieran y en salvar su propia vida, una vez que los descontrolados agentes decidieron prender fuego al edificio. 

 Diferentes testimonios coinciden en señalar al presidente Romeo Lucas como responsable  de la orden de reprimir sin contemplaciones a los ocupantes. Otros testimonios no dudan en señalar la contundencia y disposición del condenado, García Arredondo que conminó a sus hombres a actuar con la orden de “Que no salga nadie vivo”.  

Fue un episodio más de la denominada política de terror imperante durante las décadas de los setenta y ochenta. En ella el ejército, responsable ultimo de estas masacres y represiones,  utilizó a los cuerpos de policía para realizar las tareas sucias, como la tortura y el asesinato de los adversarios políticos destacando buena parte de sus mandos por su crueldad.

 No es la primer condena que recibe Garcia Arredondo, ya condenado por otro asesinato de un universitario; en cualquier caso, las dos sirven de testimonio del rechazo que las políticas de represión empleadas en estos años en Guatemala, al igual que en otros países de un entorno, América Latina, golpeada demasiadas veces y con demasiada frecuencia por golpes de mano similares, ( Honduras, El Salvador...)

 Buena parte del futuro de esta parte del mundo pasa por aclarar su pasado, sin rencores pero tampoco sin miedos. Solo cerrando heridas del pasado puede construirse un futuro que pueda mirar hacia delante libre de lastres. Y esas heridas hoy día parecen no poder cicatrizar, al menos no en un plazo de tiempo razonable. Esperar treinta y cinco años para juzgar unos hechos es una buena prueba de ello. Quizá haya aun demasiados intereses creados que ocultar que imposibilitan conocer la verdad y, de paso, liberar a estas tierras de un pasado que les hostiga y les marca incondicionalmente.