Memoria Histórica

  Escalera en ristre y armado con un bote de spray en mano; objetivo: sabotear unas placas conmemorativas expuestas en el frontal de una Iglesia. Pillado con las manos en la masa por la policía local en el momento de realizar el acto de sabotaje. Esta sería en pocas palabras el resumen de la acción de un jubilado de 72 años que en un pueblo alicantino (Aspe), ha decidido por su cuenta y riesgo hacer cumplir la Ley de Memoria histórica de 2007.

 Las placas franquistas situadas en la fachada lateral de la basílica Nuestra Señora del Socorro del pueblo han quedado difuminadas de rojo, eliminando la posibilidad de leer cualquiera de los nombres que aparecen en ellas. José Gallego, que así se llama este abuelo grafitero, ya protagonizó anteriormente una acción similar en un colegio de la misma localidad, tachando el nombre del centro, atribuído aún hoy al General Moscardó. Se expone a una pena de entre uno y tres años de cárcel y a la posibilidad de tener que limpiar él mismo la pintura vertida sobre la pared por un delito contra el patrimonio histórico y cultural.

 ¿Heroe o villano?

 Con la Ley en la mano no se puede considerar este hecho más que como un acto de gamberrismo perpetrado en la fachada de un edificio religioso, independientemente de valor artístico que pueda atribuírsele a la basílica. La Ley 52/ 2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil española y la posterior dictadura franquista, en su artículo 15 deja claro que serán las administraciones públicas,en el ejercicio de sus competencias, las que tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones, conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Así mismo, el punto dos de ese mismo artículo dispone como excepciones que las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

  Es este un tema candente, pese a los setenta años largos transcurridos desde la finalización de la contienda y los  treinta y siete desde la muerte del dictador. Son cada vez más frecuentes estos actos de rebeldía que en un alarde de coraje y valentía tratan de aplicar los dispuesto en la ley. Sin dejar de estar de acuerdo con el fondo de estas acciones, no puede uno negar el error que en las formas supone actuar por cuenta propia en la eliminación de estos símbolos que no solo exaltan a personajes de dudoso mérito, sino que, además están profundamente obsoletos, siendo elementos dicordantes con la realidad y modernidad de un país muy alejado de la España de otras épocas. La ley de 2007 es un buen punto de partida para la retirada y eliminación de todos ellos, pero no por ello puede ni debe dar cobijo a acciones realizadas de manera individual y sesgada. Es responsabilidad de todas las administraciones evaluar cada uno de esos elementos objeto de discordia y poner los medios materiales para disponer de ellos, si fuese el caso. La tardanza o retraso en cualquiera de las acciones que se generen en pos de ese objetivo, tampoco pueden ser óbice para justificar actitudes como la de este señor, cuya militancia en un partido político y carencia de ascendientes represaliados por el franquismo resta credibilidad a su supuesta desinteresada acción.

 Dicen los descendientes de los represaliados por el franquismo que están hartos y cansados de esperar. La proliferación de asociaciones que recogen ese sentimiento y vertebran acciones con vista a agilizar los procesos y los plazos son muestra de ello; harán bien las administraciones y gobiernos en tomar la iniciativa en este asunto que permita dar por zanjado un asunto que viene postergándose de manera vergonzosa desde el comienzo de la democracia.