Viernes. Consejo de Ministros as usual, tal y como dirían los anglosajones. En medio de la tormenta política y mediática que viene aconteciendo a raíz de las diligencias que el magistrado Ruz viene llevando a cabo en su ardua tarea de investigar si hubo o no financiación ilegal en la trastienda del partido que sustenta al gobierno de la nación, se han llevado a cabo toda la noche registros en la sede nacional del partido en la calle Génova, 13, algo inaudito y absolutamente novedoso en la democracia española.
Jueces que cuestionan las prácticas de aquellos que vertebran la representación política del país. Al tiempo que se realizan los registros en Madrid, otra organización de ámbito político, esta de corte sindical, sufre en Sevilla las mismas diligencias judiciales de registro, a cuenta de otro caso diferente por malversación de fondos públicos.
Dos de las más impartes organizaciones del país andan bajo sospecha. Dos muescas más que agregar a esta maltrecha democracia española a la que ya ni si quiera el tan cacareado espíritu de la transición mantiene en pie, pese al empeño de algunos nostálgicos de hacer valer aquel pacto que sirvió para dar carpetazo a la dictadura y poner en circulación el periodo de las libertades.
En medio de esta marejada y con el telón de fondo del cuadragésimo aniversario del magnicidio que se llevó por delante al único prócer que hubiera podido dar continuidad a la legalidad franquista, el Consejo de Ministros celebrado hoy ha dado carta blanca al proyecto de reforma de la ley del aborto que pretende volver al status de la ley aprobada en 1985, momento en que uno de los gobiernos socialistas de Felipe González creara la primera normativa que posibilitaba el aborto libre, siempre adscrito a algunos supuestos.
Hay determinadas prácticas que determinan el estado de evolución de una sociedad. En democracia siempre se han considerado abanderadas de un alto grado de libertades el permitir el divorcio, el aborto o, mas recientemente, la posibilidad de que dos miembros de un mismo sexo puedan contraer matrimonio y , por extensión, tener derechos como pareja. En España de un tiempo a esta parte determinados de esos
derechos sufren de algún tipo de deterioro, poniendo de manifiesto el talante y la adscripción mayoritaria de aquellos que toman decisiones en las entretelas del poder ejecutivo del país.
No se trate de caer en tentaciones fáciles de menospreciar a quien dirigen el país como calificarles de derecha vestida con sotana, ni apelativos por el estilo, pero sería desde luego deseable que determinadas familias en el seno del Partido Popular, más templadas y liberales, decidieran tomar cartas en el asunto alcanzando mayor notoriedad e influencia en un organización cuyo escoramiento a la derecha más conservadora e intransigente puede llevarnos a situaciones que linden en lo mínimamente aceptable en una sociedad democrática en la Europa contemporánea. La ley de seguridad ciudadana o la reforma de la ley de interrupción del embarazo es tan ahí para justificar ese temor y invitarnos a estar alerta. En medio de la marejada económica, hay otros peligros que afrontar y de los que cuidarse a toda costa.
No a la involución. Si a las libertades y a una sociedad abierta, permisiva y respetuosa con todas las sensibilidades.
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