Apenas quedan dos meses para que asistamos a la jornada electoral convocada en Cataluña, para elegir a un nuevo parlamento, casi dos años antes de lo previsto, como consecuencia de la convocataria anticipada de elecciones promovida por el ya presidente en funciones Mas. Desde la famosa manifestación de la Diada de Cataluña, el pasado 11 de septiembre los acontecimientos parecen apresurarse en una espiral vertiginosa que no para de generar portadas y remover conciencias. Ha transcurrido apenas un mes y medio, pero parece que ha pasado una eternidad a tenor del sin fin de consecuencias que se vienen derivando desde aquello.
Es un hecho incuestionable que Cataluña anda en pie de guerra con el gobierno central y con los partidos de gobierno de este país a los que considera principales responsables de una situación política y económica casi insostenibles. La sentencia del Tribunal Constitucional, demorada durante demasiado tiempo y cuyo fallo contrario a la constitucionalidad de algunos artículos del nuevo estatut fue considerado como un insulto por no pocos tras ser aprobado por las Cortes Generales y el Parlament de Catalunya, y apoyado en referéndum por el pueblo tras consulta popular, ha sido el origen de este nuevo pulso y desencuentro entre el estado y uno de sus territorios.
La manifestación del pasado septiembre solo ha sido la gota que ha colmado el vaso de una paciencia que parece no poder aliviarse de ninguna manera aparente. Se suceden casi a diario los sondeos de opinión que registran una mayoría más que holgada de personas que desean que se convoque una consulta sobre si Cataluña debe ser independiente o no. Este es la piedra angular sobre la que se justifica el adelanto electoral amparado por el presidente saliente, cuyo objetivo es obtener una mayoría absoluta desde la cual iniciar una hoja de ruta cuyos derroteros ahora parecen indefinibles.
Dotar a Cataluña de instrumentos de estado, iniciar una nueva senda que lleve a Cataluña a constituirse en una nueva nación de Europa, recuperar el respeto que desde España no se nos manifiesta... Son muchas las manifestaciones que en estos cuarenta y cinco días vienen salpicando a los medios cuyos espacios de opinión están prácticamente copados por la misma cuestión. Todo el mundo opina y habla de lo mismo en medio de un escenario dantesco que arroja datos como el de la última encuesta de población activa (EPA), que sitúa el número de desempleados en torno a los seis millones y la tasa de desocupados superando por primera vez en la historia el 25% del total.
Corren tiempos de cambio en el escenario político español. La grave recesión que nos acompaña y acompañará en lo sucesivo durante un periodo de tiempo imprevisible requiere de respuestas y acciones. Es tiempo de plantearse cosas; tiempo de ejecutar cambios; tiempo de hacer reformas que vayan más allá del escenario estrictamente económico.
El mapa autonómico español tuvo su origen con la concesión del Estatuto de Autonomía a los denominados territorios históricos ( Euskadi y Cataluña, a los que luego por riguroso orden cronológico habría que sumar otros como Galicia y Andalucía), en lo que ha pasado a los anales de la historia como el primer gesto de reconocimiento por parte del Estado central, de unos derechos sistemáticamente ninguneados por la legalidad franquista y ahora recuperados en el incipiente periodo democrático, iniciado en 1977 con las primeras elecciones libres y culminado con la aprobación de la carta magna en 1978. En Cataluña ese gesto estuvo personificado en la figura del retorno del President en el exilio, Josep Tarradellas, cuya célebre frase en la balconada del Palau de la Generalitat en la Plaça de Sant Jordi, "Ciutatans de Catalunya, Ja soc aqui", acabó por convertirse en todo un símbolo de la devolución a Cataluña de sus instituciones y por ende de su libertad.
Mucho tiempo ha transcurrido desde aquello, nada menos que 35 años, tiempo suficiente para ver como un sistema de descentralización territorial, ya bosquejado en la II República con el Estado Integral de Azaña y posteriormente puesto en marcha con la doctrina del café para todos que nunca fue del agrado de algunos, y que aún así ha estado en marcha a lo largo de estos primeras décadas de democracia. A lo largo de estos años hemos visto como el procedimiento de cesión de competencias por parte del estado central ha ido consolidándose de manera gradual por parte de todos los territorios autonómicos constituidos en distintos periodos y velocidades.
¿Está agotado el proceso autonómico? Muchas son las opiniones que abogan por crear un nuevo orden territorial que pase por iniciar un nuevo periodo constituyente. Debatir hasta la saciedad en las Cortes cuantas reformas y mejoras se consideren necesarios con el objeto de fundar una federación de estados o estado federal que sea sustitutivo del modelo actual; pero, ¿Realmente tiene caso? A juzgar por el nivel competencial de que disponen nuestras autonomías, casi sería un simple barnizado de fachada el pasar de un modelo autonómico a otro federal. Dicho de otros modo, si los territorios actuales gozan de unos niveles competenciales equiparables a la de estados federales como la propia Alemania, superándolos en algunos casos, ( derechos históricos, regímenes forales, prácticas de derecho como los usatges, etc.); ¿Qué sentido tiene realizar una reforma que en esencia va a cambiar poco o nada?
Otras iniciativas hablan de implantar un modelo de federalismo asimétrico, dando preponderancia a aquellos territorios que como Cataluña tienen especificidades propias. Desde luego habría que perfilarlo muy bien y denominarlo de otro modo porque el federalismo, por principio, es simétrico. Crear un estado cantonal, una confederación de estados con el referente del modelo helvético, crear un estado dentro de España para Cataluña pero sin independizarse... Seguramente en adelante surgirán todavía más iniciativas que pretendan dar una nueva vuelta de tuerca al momento actual que vivimos. Y todo ello dentro de este marco común que nos ampara que es Europa y en donde parecen no tener sentido ni cabida reivindicaciones que tengan como conclusión la creación de un estado nuevo.
Entre las decisiones adoptadas por el consejo de ministros de este viernes, destaca sin lugar a dudas, la iniciativa de iniciar la "reforma integral" de las administraciones públicas, con la creación de una comisión y cuatro subcomisiones, de manera que se simplifique y adelgace su estructura y se evite cualquier tipo de duplicidad entre ellas. Esta iniciativa, cuyas conclusiones no deberían estar terminadas mas tarde de junio del año próximo es una buena piedra de inicio para allanar un camino de reformas que solo puede tener como meta el eliminar la profunda esclerosis burocrática de un estado cuya administración en conjunto es poco eficiente y costosa en exceso. Este ha de ser un paso inexcusable en aras de alcanzar un proyecto integrador de estado que recoja inquietudes y necesidades a la par que sea consecuente con su historia y entorno.
Mucho se puede y se debe hablar de ahora en adelante, independientemente del veredicto que reflejen las urnas y de la composición de un parlamento que, en la linea de lo ocurrido en Euskadi, arrojará casi con toda seguridad una mayoría amplia de voto catalanista, sea de la índole que sea. Tacto, carácter conciliador y sentido de estado con una idea de España clara e integradora son ahora más necesarias que nunca para un gobierno que no debe ceder a las tentaciones autoritarias de unos o a provocaciones independentistas de otros a la hora de elaborar una hoja de ruta que nos lleve a un nuevo modelo de estado, eficiente y eficaz.
Vivimos un momento sin duda histórico en la singladura de este país. El tiempo dirá si este gobierno supo estar a la altura del envite.
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